Una Oleada Legislativa Amenaza con Erosionar aún más los Derechos Civiles en España

Decía Andrew Gavin Marshall en un artículo previamente analizado en La insalvable bancarrora Global I, que “Cuando la crisis haya llegado a su fin, el mundo que conocemos en la actualidad habrá cambiado dramáticamente”. La sociedad en la que viviremos tras la actual crisis financiera será completamente diferente y las grandes reformas que remodelarán el mundo ya están siendo llevadas a cabo. Presionados por los financieros, paises de medio mundo introducen cambios legislativos incluso en ámbitos que tienen poco que ver con la economía.

los que se aproximan son los cambios más rápidos que el mundo haya visto hasta la fecha” según Marshall.

Como un ejemplo de este fenómeno podemos colocar la gigantesca “oleada legislativa” que el Gobierno de España tiene previsto implementar hasta Junio de 2011. Según el diario elmundo.esEl Consejo de Ministros ha acordado un catálogo para la aprobación de casi treinta leyes prioritarias entre diciembre de 2010 y junio del próximo año“:

Diciembre de 2010

– Ley concursal

– Ley integral de igualdad de trato

– Ley de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia

– Ley general de telecomunicaciones

Primer trimestre de 2011

– Ley de reforma de la Seguridad Social en materia de pensiones

Enero de 2011

– Ley de reforma de las políticas activas de empleo

– Ley de modificación de determinados artículos del Código Civil en materia de patria potestad, tutela y sucesiones en relación con la violencia de género y la violencia doméstica

– Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles

– Ley de regulación del juego

– Ley de residuos y suelos contaminados

Febrero de 2011

– Ley de servicios profesionales

– Ley reguladora de la jurisdicción social

– Ley de calidad y sostenibilidad del medio urbano

Marzo de 2011

– Ley de negociación colectiva

– Ley del gobierno local

– Ley sobre cuidados paliativos y muerte digna

– Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Código Civil, Código de Comercio y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en materia de procedimientos de incapacitación

– Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias

Abril de 2011

– Ley de eficiencia energética y energías renovables

– Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre consejos territoriales

– Ley de universalización de la cobertura sanitaria del Sistema Nacional de Salud

Mayo de 2011

– Ley por la que se regulan los parámetros mínimos de calidad de los servicios de atención al cliente de las empresas que prestan servicios económicos de interés general

– Ley del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Junio de 2011

– Ley de mecenazgo

– Ley sobre utilización de las lenguas cooficiales ante los órganos del estado

– Ley reguladora del fondo de capitalización para los trabajadores

Como pueden observar se exprimirá hasta los últimos días de un gobierno, herido de muerte, para introducir reformas que no desgasten al futuro gobierno que según todo parece indicar será de derechas (un indicio más de las acciones coordinadas entre los diferentes partidos políticos). Entre las citadas reformas pueden reconocerse tres núcleos legislativos principales. El primero gira entorno a la seguridad social y la pretendida reforma del sistema de pensiones a través de la Ley de reforma de la Seguridad Social en materia de pensiones,  Ley de negociación colectiva, Ley de universalización de la cobertura sanitaria del Sistema Nacional de Salud y Ley reguladora del fondo de capitalización para los trabajadores. Un segundo núcleo lo constituyen las políticas “verdes” sobre materia de medio ambiente y energías alternativas.

Aunque existen otros puntos polémicos como la Ley de Muerte digna (eutanasia) que merecen seguimiento, en este artículo nos centraremos en las reformas acometidas  en el ámbito penal. Como después ilustraremos mediante ejemplos concretos, se está produciendo una lesión intensa de los derechos sociales en España. En una entrada anterior ya denunciamos como una “intensa redada” ordenada desde Bruselas para la “caza” de inmigrantes ilegales había conducido a una detención masiva de extranjeros el pasado mes de Octubre, muchos de los cuales se encontraban en situación legal. Aunque en la mayor parte de estos casos las personas eran liberadas inmediatamente tras su paso por comisaría, el daño moral y la humillación pública (proferida en algunos casos como el descrito en dicha entrada por parte de algunos agentes  ya estaban hechos.

Pero existen otros ámbitos en los que dichas lesiones ya están institucionalizadas en modo de ley. Promovida por la oleada de muertes de mujeres a manos de sus parejas, la última reforma aprobada del código penal introdujo medidas inéditas que atentan contra la presunción de inocencia.  Además, y como argumentaremos más tarde, estas medidas no ofrecen ningún tipo de protección real a las víctimas de malos tratos. Bajo el paraguas de dicha reforma una persona puede ser retenida en calabozos durante 38 horas tan sólo con la existencia de una denuncia por malos tratos. Esta polémica medida consiste en un atropello contra la libertad y la presunción de inocencia pues no resulta necesario probar la agresión para que el acusado sea retenido en condiciones humillantes hasta la celebración del juicio rápido. La ley se ampara en la prevención para pisotear los derechos constitucionales del individuo. No resulta difícil imaginar lo útil que serían dichas medidas extendidas a otros ámbitos y/o tipos de sospechosos por cualquier tipo de actividad. Bastaría una mera acusación en forma de denuncia para retener a alguien en prisión por un periodo de tiempo considerable: la consecuencia sería sobre todo adoctrinante y llevaría a más de uno a ejercer una reflexión interna sobre la utilidad y consecuencias de discrepar sobre la opinión de un agente del orden público así como si vale la pena salir a la calle a protestar contra ciertas decisiones políticas, etc. Nos encontramos ante un paso intermedio hacia la universalización de las retenciones bajo la presunción de culpabilidad?

Indefensión ante falsas acusaciones

J. T. L. es un hombre de 33 años con residencia en Alicante y que se ha puesto en contacto con nosotros para explicarnos su caso. Durante más de ocho años compartió vivienda con su ex-pareja con la que comparte una hija de 7 años. La vivienda fue adquirida anteriormente por él, pero tras un tiempo de convivencia ésta pasó a ser pagada y estar escriturada a nombre de ambos. Hace unos dos años la pareja entró en crisis. Los problemas para encontrar trabajo de J.T.L. y otros problemas de pareja y de tipo personal (en esté tiempo se le detectó una diabetes) dieron al traste con la misma. Tras varios incidentes debido a la convivencia en una situación ya muy desgastada, J.T.L. declara haber sido agredido física y psicológicamente por su pareja (una persona a la que se le vienen diagnosticando trastornos depresivos desde hace años) hecho por el que presentó la correspondente denuncia ante los tribunales. A pesar de que ciertos agentes cuestionaban de un modo sutil la credibilidad de sus acusaciones, J.T.L  decidió seguir adelante con la misma y volver temporalmente a casa de sus padres. Ni que decir tiene que la denunciada no fue retenida en ningún momento y que fue absuelta por falta de pruebas.

En este tiempo la hija de ambos quedó a cargo de la misma y ésto condujo a situaciones de alta tensión debido a la negligencia con la que se ocupaba de la niña según afirma J.T.L. En una de la ocasiones su ex-pareja dejó sóla a la niña en casa, de lo cual J.T.L. fue alertado por una vecina que llevaba horas escuchando los gritos de la niña, desesperada por salir de la vivienda. Por esta situación J.T.L. decide interponer otra denuncia contra la misma. En otras ocasiones, prosigue J.T.L. “la niña se escapaba de casa mientras su madre dormía en horas poco habituales” o la “dejaba a cargo de personas a las que tan sólo conocía unos dias para ir a trabajar” situaciones por las que también fue denunciada y que no tuvieron consecuencias en modo de retención o pérdida de la custodia. Esta situación desencadenó una guerra que ya dura dos años y que ha creado no pocos momentos de tensión y una demanda de obtención de la custodia por parte de J.T.L.

En los últimos tiempos, cuenta apenado, “había conseguido tenerla conmigo en casa de mis padres la mayor parte del tiempo aunque ella se la llevaba de vez en cuando“. Recientemente se celebró una vista relativa a la demanda de custodia tras la que, según sus palabras, “el mensaje para la madre fue claro: si seguía por ese camino podría perder la custodia, la pensión alimenticia y el usufructo de una vivienda en la que ésta vive ahora con su hermano (también en el paro)”. Este último punto venía siendo un tema de discusión recurrente pues ésta no le quería ver en la casa ni siquiera en las contadas ocasiones en las que éste, siendo también titular de la misma, acudía a ver a su hija o a recoger efectos personales.

El pasado martes 16 de Noviembre a las 22:30 horas, agentes de policia se dirigían a la casa de sus padres preguntando por él.

me dijeron que si les quería acompañar, que había una denuncia pero que me contarían los detalles en comisaría

A pesar de las reitreadas veces en las que J.T.L. pidió más información sobre la situación, ésta le fue denegada tanto durante su transporte a comisaría como posteriormente.  Al llegar a la misma es desprovisto de sus pertenencias (reloj, teléfono, cartera, etc) e ingresa en calabozo sin que nadie le informe sobre los motivos concretos. “Me decían que había una denuncia

Tras pasar la noche en el calabozo es conducido sobre las 9:30 del día siguiente a tomar declaración. Sin información previa sobre los motivos por los que fue detenido, este fue introducido en una sala con dos personas. Algunas le hacían preguntas y otros callaban. Tras prestar declaración a uno de los individuos, éste se marchan dejándole en privado con la otra persona, la cual no había proferido palabra hasta ese momento (su abogado defensor al que en ese momento tuvo el placer de conocer indirectamente). Éste le invita a confesar cualquier hecho del que el acusado fuese culpable y sin que diese la sensación de que conociese exactamente lo sucedido. J.T.L. niega haber cometido nigún tipo de delito, tras lo que le aconseja que se declare inocente y le advierte de la dificultad para poder demostrarla. Antes de despedirse le advierte de que otra persona seguirá con el caso  debido a la gran acumulación de trabajo que éste atesora (al nuevo abogado ni siquiera le conoce antes del juicio). Lejos de lo lógico, tras prestar declaración es devuelto al calabozo en el que declara haber pasado sed, y haber sido ignorado varias veces que pidió ser transladado a los servicios por necesidades fisiológicas. También le traen a la hora de comer un menú rebosante de glucosa pese a  haber advertido anteriormente de que era diabético. En el calabozo pasa todo el día y otra noche.

es desesperante estar retenido en esas condiciones sin saber ni siquiera que hora es, pero sobre todo  desconociendo los motivos. Tan sólo supe de la denuncia que había colocado mi ex contra mí al día siguiente y ante la jueza. En la vista supe que ésta me había denunciado por una supuesta agresión. Según ella la empujé con violencia en una discusión, cosa que no es cierta pues yo no haría daño ni a un mirlo y todos los que me conocen lo saben bien.”

Debido al desconocimiento de J.T.L de sus derechos más básicos, de su escasez de recursos para contratar un abogado privado y a la última reforma del código penal, este ya es oficialmente un nuevo “maltratador” contra el que se dictó una orden de alejamiento respecto a su mujer. Ésta última medida podría dificultarle enormemente el contacto con su hija que ahora vive con su madre. A pesar de que la jueza decretó su inocencia por falta de pruebas para corrobar la acusación, éste ha conseguido pasar 2 noches en el calabozo, un expediente de maltratador y una orden de alejamiento que fue, a diferencia del expediente, retirada tras el juicio. Ése no podrá ser retirado hasta que no haya una sentencia en firme puesto que el fallo aún puede ser apelado en el Supremo. “pero sobretodo el miedo de volver a ser denunciado porque ahora es muy difícil para mi entablar cualquier disputa o negociación sin mediación de testigos

La supuesta lucha contra “la violencia de género“.

La últimas reformas del Código Penal y la que se viene encima en Enero están contado con el apoyo de grupos de presión bien organizados y financiados para conseguir su justificación. Son numerosísimas las campañas que hemos visto en los medios financiadas por el Gobierno o por los mismos grupos mediáticos para “denunciar” la violencia “de Género”o “machista” (como es llamada en los mismos). Es necesario resaltar que no pretendemos encubrir a aquellos que recurren a la violencia como elemento de intimidación, pero es el papel de la justicia, y no el de los medios o el ciudadano de a pie, condenarlos cuando su culpabilidad sea legítimamente demostrada.

Algo huele mal tras la supuesta guerra contra la violencia de Género. Hay universidades que les dedican programas extensos, políticos que están ascediendo gracias a la gestión de este asunto y tertulianos que están ganando bastante dinero con todo ello. No existe un tratamiento equivalente en tiempo en los medios y dinero invertido para cualquier otro tipo de delitos violentos. Pues bien, según fuentes del Ministerio del Interior, en España se cometieron 1019 homicidios en 2008 y la media anual de muertes por violencia de género es de unos 63 casos. Esto significa que se está invirtiendo grandes cantidades de dinero y horas de prensa en un tipo de delito que constituye aproximadamente el 5% del total de homicidios. Con esto evidentemente no pedimos que se silencie, pero por qué otros tipos de crimenes que generan un porcentaje mayor de víctimas no reciben el mismo trato? Tan sólo las muertes por accidentes de tráfico (que no son homicidios) reciben una campaña de concienciación semejante y curiosamente en este campo también ha habido grandes reformas del código penal que han convertirto en imposible tomar una sóla cerveza si luego se pretende conducir.    

Pero es que además, estas campañas no sólo no ayudan a las mujeres que sufren malos tratos sino que las empujan a una situación peor pues la mayor parte de dichas campañas inciden en la necesidad de denunciar a sus maltratadores. Sin embargo, tras la denuncia no se les ofrecen suficientes garantías, más allá de la mera huida, para salvagüardar su integridad física frente a un maltratador que en  muchos casos está más enfadado tras la denuncia y que, además, en muchos casos saldrá libre tras haber sido retenido 38 horas en calabozo como medida preventiva y haberse celebrado el juicio rápido por falta de pruebas.

Además resulta tremendamente contradictorio que las mismas instituciones que publicitan y que dedican miles de euros a la lucha contra la violencia de genero,  otorgan premios a políticos y ONGs cuya contribución real a esta matería es tremendamente dudosa, se dediquen por otro lado a fomentar la violencia en la sociedad de nuestros días mediante la emisión de programas (carentes de control estatal) en los que se promueve la violencia verbal sin límites como un modo habitual de comunicación entre personas con vínculos emocionales y/o afectivos y que traspasan al ciudadano contemporáneo altos niveles de excitación, violencia verbal y mala educación  Parece a simple vista más lógico e importante poder limitar el zeitgeist violento que se transmite, que acabar con la presunción de inocencia (camino elegido por el momento por la política española). Sobretodo porque estos contenidos se emiten en franjas horarias en las que todo tipo de televidente tiene acceso a los mismos. No sería más efectiva una lucha contra la violencia de género que partiese de la propia erradicación de cualquier tipo de violencia en los medios? Los que se justifican suelen decir que no puede prohibirse a la gente que se comporten “como son” aunque estos se encuentren ante 3 o 4 millones de espectadores. Sin embargo, para nosotros es inconcebible que estos comportamientos se conviertan en ejemplo para la sociedad… la lucha contra cualquier tipo de violencia debería iniciarse desde aquí. 

Además como ha denunciado J. T. L. la situación contraria no conlleva ningún tipo de arresto (caso de mujer agresora) y si insinuaciones incómodas en ciertos casos por parte de ciertos agentes de la ley incluso a la hora de poner la correspondiente denuncia. Por otro lado las consecuencias para los falsos acusados son terribles. Como en el caso de J.T.L., muchas mujeres tras la separación podrían recurrir a la denuncia como un elemento disuasivo para evitar tener que compartir ciertos bienes comunes (como la vivienda) o forzar el cobro de la pensión para los niños. Las consecuencias son la apertura de un expediente de maltratador que sólo podrá ser retirado cuando exista una sentencia en firme (tras la presentación de recursos, etc.) y una orden de alejamiento que puede poner al padre en una situación mucho más complicada para ver a su hija.

De hecho en la agenda previamente revelada observamos un intento de radicalizar aún más dicha situación. El diario elmundo.es se hacía eco en su edición vespertina del pasado 19 de  Noviembre de la intención del Gobierno de modificar el Código Civil el próximo mes de Enero para evitar que los condenados por violencia de género mantengan la patria potestad de sus hijos, según anunciaba ese mismo día el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Se trata de evitar algunas situaciones que existen, en las cuales las personas condenadas mantienen la patria potestad, lo cual es ciertamente contradictorio“, ha subrayado Rubalcaba.

De aprobarse esta medida habrá que analizar si padres como J. T. L. podrían llegar a perder la patria potestad  pues el expediente de maltratador no será retirado hasta sentencia en firme y la patria potestad de su hija se está dirimiendo  actualmente. Podemos imaginar, sin mucha dificultad, que algunos abogados defensores podrían intentar explotar dicha situación y aconsejar a sus clientas a forzar ciertas medidas para conseguir así la custodia de sus hijos. Para ver como el Gobierno resolverá este problema (si es que tiene intención de hacerlo) habrá que seguir la elaboración de dicha ley, pero a padres como J.T.L. se les acaba el tiempo y el estigma de maltratador puede quedársele marcada.

T. Stevenson

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